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mayo 25, 2022
Destacado Sociedad

Víctimas de Senkata y Sacaba inician una huelga de hambre en puertas de la Casa Grande del Pueblo

Fotos: APG

Representantes de las víctimas y familiares de los damnificados de los acontecimientos registrados en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, durante la crisis política de 2019 se declararon en huelga de hambre en las puertas de la Casa Grande del Pueblo en La Paz, pidiendo que el Gobierno cumpla los compromisos asumidos con el sector.

El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y uno de los principales impulsores de las víctimas de esos sucesos, David Inca, informó que la huelga obedece al incumplimiento de los acuerdos firmados con varias autoridades gubernamentales como resultado de dos procesos de negociación llevados a cabo el año pasado.

“Ese compromiso no lo están honrando los ministros, viceministros y pues eso nos ha llevado a asumir esta decisión que no es culpa nuestra, sino culpa de ellos. La medida se va a asumir hasta que se cumpla con este decreto supremo y con pliego petitorio”, dijo Inca a la Red ERBOL.

A principios de diciembre del año pasado y después de intensas negociaciones con los representantes del sector declarado en huelga de hambre, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció el Gobierno creará un fideicomiso de casi ocho millones de bolivianos para que los damnificados puedan desarrollar proyectos productivos, entre varios otros puntos.

Entre otros acuerdos a los que se llegó entonces, el titular de Justicia destacó la ampliación de las becas de estudio con auspicio gubernamental, además de la continuidad, por un año más, de un bono de alimentación que proporciona el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas para las familias de las víctimas.

A nombre de las víctimas y damnificados de Senkata y Sacaba, Inca recordó, por ejemplo, que uno de los acuerdos fundamentales de las negociaciones del año pasado fue la otorgación de una “ayuda humanitaria” a los mismos, de la que dijo hasta ahora se ha cumplido sólo en 95% en el caso de las familias alteñas y en un 30% en el de las cochabambinas.

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