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mayo 25, 2022
Análisis

Impostores

César del Castillo Linares

Nací en la República de Bolivia durante la segunda mitad del siglo XX y crecí admirando su historia, desde su dramática fundación, en 1825, pasando por los hechos que signaron su destino en el siglo XIX, como la Guerra del Pacífico, que la dejó sin acceso al mar, o la Guerra Federal, que desnudó una de las brechas internas más complejas, que aún ahora adquiere nuevas formas para manifestarse de cuando en cuando.

Ya en el siglo XX, mi país vivió la fratricida Guerra del Chaco y algunos años después la Revolución del 52, que puso los cimientos de un nuevo Estado con el voto universal, la reforma agraria y la nacionalización de las minas. Después soportó la contra revolución, las dictaduras y se atavió de esperanza con el doloroso parto de la democracia, que se produjo en medio de una de las peores crisis económicas de su historia

Y así llegamos al siglo XXI, cuando volvimos a mirarnos al espejo y asumimos que no somos una, sino varias naciones; que no somos una, sino varias culturas; que las mayorías estaban excluidas, que las mujeres estaban relegadas y que nuestros recursos naturales debían beneficiar a todos y no a unos pocos.

El Estado Plurinacional nació en el alba del siglo XXI y no se le puede negar su valor trascendente porque reconoce derechos a quienes históricamente fueron excluidos, porque busca acabar con toda expresión de racismo y discriminación, porque declara un Estado laico que garantiza el respeto a la libertad de conciencia; porque, en fin, reconoce la dignidad intrínseca de los seres humanos.

Por eso me siento orgulloso hijo de la República y ciudadano del Estado Plurinacional, y miro con cierto asombro y hasta tristeza, en algunos casos, a quienes se aferran a una de las facetas más penosas del siglo XX, cuando, seguramente, sus antepasados fueron humillados y marginados.

La fecha conmemorativa del Estado Plurinacional, 22 de enero, es fruto de los azares de la historia y del capricho de un caudillo que llegó al poder por la fuerza de las circunstancias, más que por el mérito propio de sus luchas, utopías y pensamientos.

Es bien sabido que los ciclos de la historia tienen rincones oscuros en los que conspiran los poderosos de turno que buscan apropiarse de cada hito, de cada página de la memoria colectiva de los pueblos. Muchos de ellos, casi todos, terminan traicionando sus propios ideales. Entonces, se convierten en impostores.

Pues toca hablar de quienes enarbolaron las banderas de la lucha indígena para llegar al poder y después, con esposas y bota policial, humillaron a sus propios hermanos en ese tristemente recordado domingo 25 de septiembre de 2011, en Chaparina.

Estaba en juego un millonario proyecto carretero: 307 kilómetros a un costo de 415 millones de dólares, financiados por el Bando de Desarrollo de Brasil (BNDES). El contrato fue firmado en 2008 por dos socialistas del siglo XXI, Lula da Silva y Evo Morales, presidentes de Brasil y Bolivia, respectivamente.

La empresa elegida para la obra era OAS, el mismo consorcio que tiempo después fue denunciado por millonarios sobornos en varios países, incluso a presidentes sudamericanos. Las revelaciones surgidas del caso Lava Jato, evidenciaron que OAS apoyaba y financiaba las campañas de varios políticos de la región y después cobraba favores a través de millonarias adjudicaciones. El crédito del BNDES a  Bolivia, fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional el 6 de mayo de 2011, cuando Luis Arce Catacora era ministro de Economía y Finanzas. Las obras iniciaron en agosto de ese mismo año.

Pero había un problema, la carretera tenía que atravesar un área protegida: el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), reserva que fue declarada parque nacional en 1965, reconocida como territorio indígena en 1990 y con la titularidad de la propiedad comunitaria de más de un millón de hectáreas, avalada en 2009.

64 comunidades indígenas del TIPNIS alzaron su voz y demandaron respeto a su derecho a la consulta previa, establecido inicialmente en el Convenio 169 de la OIT y ratificado por el Estado boliviano, mediante la Ley 1251, promulgada en 1991.

Posteriormente, la celebrada Constitución Política del Estado Plurinacional, incorporó ese derecho en el art. 15: “En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

Sin embargo,  la maquinaria de la constructora estaba en marcha, era mucha la prisa de OAS por construir y pagar, y también había ansiedad en el lado boliviano por ver la obra y “recibir” el préstamo. Por lo tanto, no hubo tiempo ni voluntad para la consulta previa  y los indígenas de tierras bajas, en defensa de sus derechos, en agosto de 2011, iniciaron la recordada Octava Marcha Indígena en Defensa del TIPNIS.

Muy pronto el gobierno dirigido por el campesino cocalero Evo Morales sintió la presión de hombres y mujeres que habían iniciado una tormentosa caminata de más de 800 kilómetros hacia La Paz, para que el presidente cumpla la Constitución que él mismo impulsó en medio de una dura y luctuosa lucha política.

A la par de la marcha comenzaron los impostores a hacer malabares jurídicos y verbales. Héctor Arce Zaconeta, entonces presidente de la Cámara de Diputados declaraba: “Ni la Constitución boliviana ni en las leyes bolivianas hay ninguna obligación expresa a la consulta previa en la construcción de carreteras”. Ningún diputado consciente de sus deberes constitucionales podía emitir semejante declaración, menos un candidato a Doctor en Derechos Humanos y Democracia, como reza el curriculum del actual embajador de Bolivia ante la OEA.

También entró en escena un dúo letal para la verdad y la tolerancia. Carlos Romero, ministro de la Presidencia y Juan Ramón Quintana, destinado en ese momento al activismo político en las fronteras, ensayaron el trillando argumento de que el imperio estaba detrás de la marcha. Es fábula recurrente, basta recordar que Evo Morales culpó a Elon Musk por la caída de su gobierno, en 2019.

Inefable, Sacha Llorenti, ministro de Gobierno, ordenó la represión en Chaparina, sostuvo que actuó en el marco de la ley, renunció porque era inviable su continuidad después del abuso a niños, niñas y mujeres indígenas, y luego sostuvo que “se rompió la cadena de mando”. Así intentó justificar la movilización de 400 policías, y la contratación de buses y camionetas para dispersar a los indígenas. Paradójicamente, Llorenti inició su carrera diplomática después de tan triste episodio.

David Choquehuanca Céspedes, Canciller de Evo y ahora vicepresidente, se acercó a los indígenas en plena marcha, no para escuchar sus demandas, sino para convencerles de que la carretera por el corazón del TIPNIS era buena para el desarrollo y para la Madre Tierra.

Y por supuesto, Evo y Álvaro, encaramados en Palacio de Gobierno, jugaron su propia historia.

Momentos de falsedad e impostura en la corta vida del Estado Plurinacional de Bolivia hay muchos. En este reciente 22 de enero, volvieron a mi memoria los recuerdos de Chaparina y los falsos profetas de los derechos indígenas.

Es necesario recordar este episodio oscuro y a sus personajes para que la memoria haga justicia frente a la desvergüenza que emana de los centros de poder, de aquellos despachos en los que se tejen historias de falsos héroes de capa azul.

¿Impunidad? Sí. La buscan, la alcanzan y hasta la disfrutan. Pero no existe poderoso impune ni eterno. Debemos recordar que la denuncia de los pueblos indígenas por la violación de sus derechos está en curso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pasarán algunos años, pero tarde o temprano se conocerá un veredicto que haga justicia con los más desprotegidos.

Entre tanto, para los todos los impostores: ama quilla, ama llulla y ama suwa, art.8 de la CPE.

César Del Castillo Linares es periodista

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